Paz y tranquilidad
Publicado en: Participaciones en Tribuna
Asuntos Generales
Zacatecas, Zac., 31 de marzo de 2011
Luis Gerardo Romo Fonseca
Ante las acusaciones temerarias y sin fundamento de algunos compañeros legisladores, en el sentido de que el crimen organizado fue infiltrado en Zacatecas por el gobierno perredista y, en particular, haciendo alusión a mi responsabilidad como Secretario General de Gobierno, así como las expresadas por el propio Procurador, quien califica de “ignorantes” a los Diputados; es que me parece conveniente hacer algunas precisiones:
De entrada, el narcotráfico y su carga de violencia e inseguridad es un problema que afecta al país en su conjunto y, que además, se ha recrudecido de forma alarmante bajo la estrategia fallida del gobierno federal, limitada a la aplicación de una estrategia meramente punitiva; carente de un diseño integral y que esté apuntalada por políticas transversales y abarcadoras. Como señala Miguel Carbonell: “no se puede construir una democracia sólida incendiando el país. Si va a haber un despliegue de fuerza estatal, debe haber primero trabajo de inteligencia. Y absoluto respeto a los derechos humanos de todos. No se puede combatir la criminalidad cometiendo delitos”. Actualmente, el Estado Mexicano parece no tener pies ni cabeza y el país se convertido en un escenario macabro que ha nos llevado al caos y a un mar de sangre bajo un pánico terrible. Ya contamos 36, 234 asesinatos perpetrados durante este sexenio y la cifra sigue aumentando. Peor aún resulta que se está haciendo de la cultura de la violencia una normalidad; lo cual es aún más peligroso e inadmisible.
Sin embargo, cabe recordar que la corrupción generalizada que desató la descomposición del régimen priísta, es el factor fundamental que incubó el actual problema de inseguridad y el empoderamiento del crimen organizado. La colusión de intereses y los nexos entre las cúpulas del poder priístas y los carteles de la droga, es la verdadera razón de la infiltración de las organizaciones criminales en las más altas cúpulas del poder. Basta recordar nombres como los de Cosio Vidaurri, Caro Quintero, Don Neto Fonseca, Amado Carrillo, Mario Ruiz Massieu, Mario Villanueva, Raúl Salinas de Gortari, el general Gutiérrez Rebollo, para darse una idea de este turbio escenario. Justamente, hace unas cuantas semanas, Sócrates Rizzo, ex gobernador priísta de Nuevo León, afirmó que la violencia derivada del crimen organizado surgió “cuando desaparecieron los acuerdos de los gobiernos federales priístas con el narcotráfico”, pero que se desmarcó de ese “control” porque entonces había autoritarismo y “todo se decidía desde la capital y los gobernadores eran menos independientes.”
Por tal razón, es una verdadera aberración afirmar que el crimen organizado fue introducido en Zacatecas por el gobierno perredista. Basta revisar las estadísticas a nivel nacional, las cuales muestran con claridad, que las entidades donde gobierna el PRI son las más inseguras y violentas del país: Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, Durango, estado de México y Nuevo León, en su mayoría gobernadas por el PRI, registran el 70% de los incidentes de violencia ocurridos en 2010, según cifras del Consejo Nacional de Seguridad Pública. De esta forma, es muy lamentable que el PRI ahora se dé “baños de pureza” y demagógicamente ofrezca restaurar la paz que existía en el pasado; que no es otra que la Paz del Autoritarismo, Paz de la corrupción sistemática; y de la complicidad entre policías y delincuentes contra de los ciudadanos.
Respecto a las imputaciones irresponsables que mencioné al inicio, en respuesta, me limitaré a precisar que durante mi periodo al frente de dicha Secretaria General de Gobierno (del 11 de noviembre del 2005 al 15 enero del 2008) logré que Zacatecas viviera en un clima de paz y tranquilidad social, reconocida por el conjunto de sectores de la sociedad zacatecana, así como el establecimiento permanente de acuerdos con diversos grupos, sindicatos y organizaciones sociales; privilegiando siempre el respeto, el dialogo y la concordia.
Como prueba, están las estadísticas y cifras de índices delictivos de los años en que fui Secretario General de Gobierno, las cuales incluso están integradas en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 presentado por el actual gobierno del estado: durante los años 2006, 2007 y 2008. Según lo establece la tabla del Tipo de Delitos por Cada 100 mil Habitantes en el Estado de Zacatecas, los índices delictivos se mantuvieron por debajo de la media nacional en todos los rubros: Secuestros, Denuncias del Fuero Común, Homicidios Culposos, Denuncias por Violación y Lesiones Dolosas.
Es notable, por ejemplo, que el año de 2007, justo a la mitad del periodo en que me desempeñé como Secretario General de Gobierno, el índice de Incidencia y Violencia en el Estado de Zacatecas estaba considerada como BAJA. En cambio, a nivel nacional, sólo 11 estados de la República mantenían ese estatus; las restantes estaban clasificadas en MEDIA, ALTA Y MUY ALTA, según el informe Homicidio intencional, violación y robo de vehículos por cada 100 mil habitantes, del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC), elaborados con base en información del Sistema Nacional de Seguridad Pública para 2007.
A partir de 2009, debo reconocer que se dio un incremento de la delincuencia y, desde entonces, ha venido en escala ascendente como en el resto del país. Sin embargo, en Zacatecas, el incremento espectacular de los índices delictivos se ha presentado durante los últimos meses. La ola de hechos violentos que se han presentado en Zacatecas durante este lapso de tiempo: ejecuciones, balaceras, decapitaciones, secuestros etc., resulta ya verdaderamente alarmante. En los últimos 6 meses, se han registrado 49 ejecutados en la entidad, lo que representa un incremento del 70% en comparación a 2010, y un 83% en comparación con 2009. Los reportes del Consejo Nacional de Seguridad Pública, revelan un incremento en materia de inseguridad en Zacatecas en los últimos meses, que ha obligado al Gobierno Federal a reforzar la vigilancia en la entidad.
Además, para la PGR, Zacatecas es el sexto estado con mayor número de secuestros en el País, 54 plagios a últimas fechas, cabe destacar, que el número de secuestros en 2011, presenta un incremento sustancial respecto a los años 2006, 2007 y 2008.
En recientes fechas, en menos de 7 días, han aparecido 10 ejecutados en Sombrerete, Zacatecas, dos de ellos decapitados, fenómeno que no había ocurrido en la región. Durante el último mes, aparecieron dos ejecutados en el municipio de Tabasco, Zacatecas, que correspondían a los cuerpos de dos policías municipales desaparecidos a inicio de 2011: incluidas en las estadísticas mencionadas se encuentran las 36 muertes sumadas al saldo del periodo de septiembre del 2010 a Febrero de 2011, en donde destaca el hallazgo de 5 cuerpos mutilados en el tramo Jerez-Tepetongo.
Durante esos 5 meses, Zacatecas fue escenario de 21 enfrentamientos en distintos puntos de la entidad, que superan los ocurridos de 2007 a 2009; destacándose también la desaparición de 8 cazadores, caso que la Fiscalía de Zacatecas no ha podido resolver hasta la fecha, así como la desaparición del ex-alcalde de Fresnillo, Juan Carlos Guardado Méndez, de quién tampoco la Fiscalía de Zacatecas ha logrado resolver.
De ahí nuestra preocupación ante los graves y recurrentes casos de inseguridad que se vienen presentando en Zacatecas; y por la actuación deficiente del procurador de Justicia del estado, que en lugar de asumir a cabalidad con su encomienda mediante acciones concretas; se ha limitado a emitir declaraciones fuera de contexto, caracterizadas por su protagonismo excesivo, cuyo afán se explica en función de sus propios intereses personales y políticos.
Rechazamos tajantemente esta actitud irresponsable del procurador que, ante la legítima exigencia ciudadana para que se avance en las investigaciones y se esclarezcan las denuncias de personas desaparecidas y violentadas por el crimen organizado, su respuesta ha sido el escarnio, el ataque público, la persecución y hostigamiento a todo aquel que tuvo un vínculo con la administración estatal anterior. Peor aún, ironiza y hace uso del sarcasmo (su especialidad) de la labor de esta Legislatura y de las capacidades de sus integrantes.
Ahora, el procurador hasta se mofa de los Diputados y nos exhibe como “ignorantes” al declarar ayer que “valdría la pena que alguien les dé un curso para que se explique con precisión que hay una diferencia importante entre lo que es la seguridad pública y la procuración de justicia”.
Ante esta descalificación, me parece pertinente el siguiente cuestionamiento:
¿Quién realmente no entiende sus funciones?
El procurador es quien ha confundido el ámbito de sus atribuciones; claramente, ha invadido funciones del Secretario de Seguridad Pública, del Secretario General de Gobierno y del Vocero del Gobierno del estado. Su actitud protagónica lo ha llevado a reiteradas contradicciones y fricciones con el propio gabinete, debido a que su desempeño está condicionado por sus propias ambiciones personales y políticas y no por un afán institucional y de servicio.
En este mismo sentido, reprobamos las declaraciones hechas por el Presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, en las que amenaza a los miembros del gobierno anterior; señalando que en fechas próximas serán juzgados por las autoridades. ¿Acaso el líder de un partido tiene facultades de ministerio público, de contralor o existen en los cajones de su despacho expedientes de persecución política? Lo digo de esta forma, para que ustedes juzguen quién politiza las cosas…
Finalmente, reafirmo mi postura de colaborar con el gobernador y trabajar conjuntamente en apoyo de su estrategia de seguridad, siempre y cuando no se politice la procuración de justicia, se exponga con claridad a este Poder, se someta a discusión y sea viable para devolver la paz y la tranquilidad a las y los zacatecanos.
