Punto de Acuerdo – Informes de Gobierno
Publicado en: Puntos de acuerdo
SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL ESTADO
P R E S E N T E.
El suscrito Luis Gerardo Romo Fonseca, en mi carácter de Diputado integrante de la Sexagésima Legislatura del Estado, con las facultades que me confieren los artículos 65 fracción I de la Constitución Política, 17 fracción I, 25 fracción I de la Ley Orgánica, y 97 fracción III de nuestro Reglamento General Interno del Poder Legislativo someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
En nuestro país, todos los gobernantes, desde los encargados del Poder Ejecutivo estatales hasta los presidentes municipales, regidores; y más recientemente, los propios legisladores, año tras año pretenden acaparar la atención de la sociedad con sus informes de gobierno. Sin embargo, con frecuencia estos informes, en lugar de cumplir con su verdadero objetivo como instrumento de información y rendición de cuentas a la población; más bien, funcionan como rituales propagandísticos, con toda su parafernalia y frivolidad, dirigidos a exaltar la imagen de los servidores públicos y donde el culto a la personalidad es el objetivo principal.
Por otra parte, el oneroso dispendio de dinero que se hace con los llamados Informes de Gobierno o Informes de Actividades o Mensajes; además de ser ilegal, representa un atentado contra el erario público y resulta abiertamente ofensivo para la población, debido a la precaria situación de nuestra economía y la desigualdad social imperante en México y en Zacatecas.
De esta forma, los gastos de autopromoción mediática que realizan los servidores públicos en sus informes, tienen como fin último la obtención de apoyos para su causa, que es proyectarse mediáticamente e impulsar sus respectivas carreras políticas, mediante campañas publicitarias triunfalistas. Aunado a ella, esta práctica la podemos ubicar como parte del círculo vicioso del clientelismo político; como una reminiscencia de la cultura política autoritaria y vertical heredada del antiguo régimen: en estos actos cortesanos y ritos de poder personalista, a cambio del despliegue y adhesiones a favor de los funcionarios, éstos pagan con prebendas y atenciones privilegiadas a personas y sectores que se prestan para alimentar su espectáculo de promoción, mientras al pueblo raso que los nutre de audiencia, sólo les corresponde su tristemente célebre “torta y refresco”.
Por supuesto, no podemos generalizar en que todos los informes conllevan excesos y vicios tan marcados; sin embargo, a nivel general, podemos afirmar que se han vuelto ejercicios de poder ajenos al más elemental sentido republicano y opuestos a los principios y valores que dan origen a la práctica política moderna. Por tal motivo, los políticos no podemos prolongar comportamientos falaces y simuladores como los que dibujan el esquema actual de los informes de gobierno.
En este sentido, el presente Punto de Acuerdo que ahora propongo, plantea abrir la discusión respecto al diseño de los informes de gobierno por parte de quienes estamos obligados a rendir cuentas; a partir de la cual, los gobernantes que tengamos la intención de hacer un evento que implique gastos sustanciales o abiertamente dispendiosos, lo hagamos con nuestros propios recursos o los de nuestro partido político, pero no echando mano del erario público de la institución en la que nos desempeñamos. La sociedad reprueba y ya no tolera los despliegues de autopromoción con recursos públicos por parte de los políticos; en el caso particular de los legisladores, la gestión de recursos, es una obligación y para eso están etiquetados dentro del presupuesto.
Por el contrario, los informes o mensajes tienen que efectuarse en los márgenes de un ejercicio republicano de la gestión pública y de manera austera, porque basta que los representantes populares informen a la ciudadanía, en los términos que marca la ley, a los órganos colegiados correspondientes; para que éstos evalúen los contenidos de los informes, a la par de ser sometidos a un proceso de escrutinio ciudadano. De esta forma, el pueblo podrá analizar a profundidad los ejercicios públicos y analizarlos, así como señalar los aciertos, las inconsistencias, errores o incumplimientos; y obligar a que sus representantes asuman las consecuencias de sus decisiones para que, en caso de necesitarse, ajusten sus acciones y programas de gobierno o los mecanismos de su aplicación para obtener resultados positivos.
Por supuesto, la sumisa inclinación ante la autoridad de algún personaje político, mediante la ponderación excesiva de sus méritos reales; en su afán de convertirse en un ícono o imagen atractiva socialmente a partir de una estrategia mediática focalizada a ese fin, merma los principios democráticos del sistema político y la esencia de la participación ciudadana, así como un efectivo proceso de rendición de cuentas por parte de los funcionarios o servidores públicos. Es indispensable establecer controles y límites institucionales que erradiquen los rituales cortesanos; como rémoras corporativas del viejo sistema autoritario y que retardan la evolución plena de nuestra vida democrática.
Debemos acabar con el gasto oneroso en publicidad, innovar políticas de comunicación dejando atrás la dinámica del clientelismo y corporativismo en el quehacer público para que la participación democrática se cumpla a cabalidad. No a los personalismos, recordemos que ni siquiera la experiencia y capacidad del eficaz de los dirigentes, puede sustituir la dialéctica participativa de millones de personas.
Los añejos vicios de la política mexicana, entre los que destaca el culto a la personalidad, socavan los principios democráticos de una sociedad plural abierta y participativa; no olvidemos que la democracia sigue siendo el único sistema político capaz de garantizar las libertades civiles y los derechos humanos.
Los informes o mensajes de gobierno, deben dejar de ser actos políticos para el falaz lucimiento de los servidores públicos y una palanca para sus aspiraciones políticas. Ahora, estamos a tiempo de dejar atrás esos elementos de ensalzamiento del individuo y sustituir la lógica política complaciente y acrítica, de la autocalificación.
Por tal razón, propongo un verdadero formato para que los representantes populares informen de manera puntual y austera a la sociedad, sobre su desempeño y gestión pública; ahora, la tecnología nos proporciona una serie de herramientas que nos permiten una penetración amplia con la población, mediante el uso de los medios informáticos. De esta forma, podremos generar ahorros sustanciales si aprovechamos este potencial de forma creativa y eficiente.
Así mismo, en congruencia con la plataforma medioambiental que he venido trabajando y, en particular, con un Punto de Acuerdo para el Ahorro de papel que presenté anteriormente, esta Iniciativa pone énfasis en evitar el derroche de papel, mediante el aprovechamiento de las herramientas informáticas y con ello contribuir a cuidar el medio ambiente.
Finalmente, por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía Popular, la si9guiente Iniciativa de:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Se exhorta de manera respetuosa a los titulares de los poderes de nuestro Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los Presidentes Municipales de Zacatecas, para que los informes de gobierno cumplan con su objetivo como instrumento de información y rendición de cuentas a la población.
SEGUNDO.- De igual manera se exhorta a los titulares de los poderes de nuestro Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los Presidentes Municipales de Zacatecas, para que en los informes o mensajes de gobierno se evite el dispendio oneroso de dinero, ya que representa un atentado contra el erario público, pero además se prohíba dar mensajes paralelos con cargo al presupuesto público, ya que sirve para rendir culto a los titulares de los órganos de poder citados.
TERCERO.- Se proponga a todos los obligados a rendir informes públicos, un formato único, para que informen de manera puntual y austera a la sociedad, sobre su desempeño y gestión pública, ya que ahora la tecnología nos proporciona una serie de herramientas que nos permiten una penetración amplia con la población, mediante el uso de los medios informáticos.
CUARTO.- Se revise el marco jurídico de nuestro Estado, para llevar a cabo las reformas que permitan cumplir con las propuestas citadas líneas arriba.
