Legislación sobre Medio Ambiente
Publicado en: Puntos de acuerdo
SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL ESTADO.
P R E S E N T E.
El suscrito Luis Gerardo Romo Fonseca, en mi carácter de Diputado integrante de la Sexagésima Legislatura del Estado, con las facultades que me confieren los artículos 65 fracción I de la Constitución Política, 17 fracción I, 25 fracción I de la Ley Orgánica, y 97 fracción III de nuestro Reglamento General Interno del Poder Legislativo someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
El medio ambiente es un bien que representa el máximo interés colectivo, por lo que debe ser tutelado e integrado en todos y cada uno de los sectores que conforman la sociedad y allí donde se desarrolle cualquier actividad humana. El cambio climático representa una gran amenaza para el equilibrio de la vida en la Tierra y para la supervivencia de todos sus habitantes. Sin embargo, no hay que olvidar una cuestión fundamental: los países pobres son los que han contribuido menos a las causas del cambio climático pero son los más afectados.
Tal es el caso de los 43 Estados insulares del Pacífico, el Mediterráneo, el Índico y el Caribe que están en riesgo de quedar sumergidos por el constante aumento del nivel del mar, provocado por el ritmo de calentamiento del planeta. Las causas del cambio climático son responsabilidad de los países desarrollados, pues han contaminado el espacio atmosférico mediante la emisión de la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero, siendo que sólo representan el 20% de la población mundial.
Hoy en día, nos enfrentamos a una crisis terminal del modelo civilizatorio hegemónico basado en el sometimiento y destrucción de la naturaleza, al ritmo de explotación de los recursos naturales y el consecuente daño ecológico; que se aceleró con la revolución industrial y desde entonces –hace 200 años-, se introdujo una variante novedosa que ha roto el equilibrio ambiental: la concentración de los gases que producen el efecto invernadero, propiciada por la combustión desmedida de materiales fósiles. Este fenómeno ha provocado un aumento en la temperatura atmosférica y ha puesto a nuestro mundo en una situación de emergencia, al punto de poner en riesgo la vida en la Tierra tal y como la conocemos.
La responsabilidad mayor de esta situación recae en los países “desarrollados”, a quienes les corresponde modificar sus esquemas de vida y desarrollo a partir del cambio en el uso de energía fósil por energía renovable; y en la modificación de sus sistemas productivos, económicos y sociales que imponen globalmente y perpetúa el modelo actual de degradación. La crisis ambiental ha puesto al descubierto la ineficacia de las instituciones de las sociedades contemporáneas para frenar esta tendencia destructiva, lo que nos obliga a crear nuevas pautas y superar los actuales esquemas de producción que dificultan el tránsito hacia una alternativa adecuada que permita la subsistencia global.
Desgraciadamente, mucho antes de lo previsto, estamos padeciendo catástrofes naturales y fenómenos climáticos anómalos provocados por el impacto de las actividades humanas sobre el entorno natural. En cuanto a los países industrializados, ya presentan problemas de peso, entre los cuales podemos mencionar: la contaminación de las aguas – incluidas las capas freáticas-, envenenamiento de los suelos por el exceso de pesticidas y fertilizantes; urbanización masiva de regiones ecológicamente frágiles (como las zonas costeras); lluvias ácidas; almacenamiento de desechos nocivos. En los países no industrializados la problemática radica, fundamentalmente, en la desertización, deforestación, erosión y salinización de los suelos, inundaciones, urbanización salvaje de megalópolis envenenadas por el dióxido de azufre (que favorece el asma), el monóxido de carbono (que produce trastornos cerebrales y cardíacos) y el bióxido de nitrógeno (inmunodepresor).
Ante este escenario, la protección de los ecosistemas y su biodiversidad se ha convertido en un asunto de Estado para todos los países y, por supuesto, México no es la excepción. Somos el cuarto país del mundo con mayor riqueza biológica, pero también somos uno de los países donde la biodiversidad está más seriamente amenazada. Los patrones de producción creados en función de intereses económicos focalizados y de carácter excluyente, han determinado el rumbo de las políticas energéticas orientadas a mantener el esquema de uso de energías fósiles; que es el factor principal que genera gases de efecto invernadero en México. Razón por la cual, los esfuerzos de conservación de los recursos naturales y los ecosistemas se encuentran permanentemente obstaculizados y atrapados en un círculo vicioso que incluye el agotamiento de los recursos naturales, el deterioro ambiental, la pobreza y la desigualdad.
Sumado ello, tenemos el problema político de estar desfasados entre la emisión de la legislación ambiental y la creación de instituciones que la apuntalen. La primera ley de carácter ambiental en nuestro país fue la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental publicada en 1971, cuya administración estaba a cargo de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.
En el Diario Oficial de la Federación del 11 de enero de 1982 se publicó la Ley Federal de Protección al Ambiente y cinco años más tarde, el 28 de enero de 1988, se emitió la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Esta ley era aplicada y administrada por la ex Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) por conducto del Instituto Nacional de Ecología (INE).
La inclusión del INE en una secretaría encargada de atender los problemas derivados del crecimiento industrial y demográfico en las grandes ciudades, puso de manifiesto la orientación urbano industrial de los planteamientos ambientales: calidad del aire en las grandes urbes y contaminación del agua por descargas industriales y municipales. En 1994 se crea la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), con lo cual se integraron bajo el mismo sector los recursos naturales, la biodiversidad, la atención a los residuos peligrosos y a los problemas ambientales urbano industriales.
Posteriormente, en el Programa de Medio Ambiente 1995-2000 se menciona diez instrumentos económicos a los cuales se les atribuyeron una serie de ventajas que contrastaron con su inexistencia o con la pobreza de su aplicación en la práctica; ya que estos instrumentos económicos aplicados a la solución de problemas ambientales resultaron mínimos y se limitaron al ámbito de la política tributaria y de precios y tarifas. Representaron un estímulo para el cumplimiento ambiental pero con pobres resultados y acotado a los grandes contribuyentes del sector industrial.
A nivel general, podemos concluir que la política ambiental ha tenido un ámbito de acción limitado y los instrumentos promovidos han demostrado ser poco efectivos para modificar las principales tendencias de degradación del ambiente y de los recursos naturales, lo que en buena medida se debe, principalmente, al presupuesto escaso destinado a los asuntos ambientales.
A pesar de ciertos avances conseguidos en cuanto al desarrollo institucional, la cuestión ambiental ha permanecido condicionada por la política económica y por la dinámica del sector productivo. Después de treinta años de gestión ambiental en México, sectores productivos completos continúan desregulados o no contemplados en su totalidad por la normatividad y la política ambiental. Este es el caso de la ganadería, la agricultura, la actividad forestal, la pesca y las empresas de servicios, especialmente las dedicadas al turismo. Ocurre parcialmente con actividades de competencia local como el crecimiento urbano o el manejo de residuos municipales. Las políticas agropecuaria y agraria han inducido procesos que favorecen la deforestación y el uso irracional del suelo. Sumado a ello, la regulación del manejo de los residuos sólidos es una de las más rezagadas y todavía no se han diseñado instrumentos que impulsen la aplicación de tecnologías limpias al nivel que se requiere.
Para alcanzar la sustentabilidad se requiere de una estrecha coordinación de las políticas públicas en el mediano y largo plazo. Indudablemente, México enfrenta grandes retos en todos los aspectos de la agenda ambiental, que abarcan temas fundamentales como la conciliación de la protección del medio ambiente, empatar el derecho penal con el derecho ambiental, la mitigación del cambio climático, la reforestación de bosques y selvas, la conservación y uso del agua y del suelo, la preservación de la biodiversidad, la prevención de contingencias, el ordenamiento ecológico y la gestión ambiental.
En este esfuerzo, es imprescindible la participación conjunta de los tres órdenes de gobierno y, en particular, el Poder Legislativo tiene que ser un eje articulador en esta transformación mediante un diseño adecuado del marco jurídico a través del cual construyamos un modelo de desarrollo verdaderamente sustentable; donde las políticas y los programas ambientales no estén sectorizados y aislados. Es el momento de convertir la sustentabilidad ambiental en un eje transversal de las políticas públicas, México y Zacatecas aún están a tiempo de poner en práctica las medidas necesarias para que todos los proyectos, programas y planes de infraestructura, del sector productivo, del desarrollo social y sean compatibles con la protección del ambiente.
Por otra parte, hasta ahora la política ambiental se ha restringido a regulaciones de carácter coercitivo pero poco efectivas, se han implementado un sinnúmero de obligaciones, restricciones, sanciones administrativas y gran cantidad de trámites que entorpecen una normatividad eficiente. Tampoco hemos logrado empatar de forma consistente el derecho ambiental con el derecho penal, dado que el derecho ambiental mexicano como disposición formal, empieza a delinearse en los años setentas, gracias a la influencia de la primera Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en junio de 1972 en Estocolmo. Sin embargo, es hasta principios de la década de los noventas que se comienza a estructurar el marco jurídico ambiental. Desde 1999, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece varias garantías que marcan la pauta para el derecho de todo individuo a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. En este contexto, por fin se materializa en beneficio de las presentes y futuras generaciones de mexicanos la aspiración por convivir en nuevos escenarios en donde las relaciones entre el ser humano y el sistema natural se lleven en armonía.
Por nuestra parte, en Zacatecas todavía nos encontramos ante una debilidad jurídica e institucional de la gestión ambiental y en el cuidado y manejo de la biodiversidad. Si bien es cierto que se han venido haciendo esfuerzos en la materia, la realidad es que todavía carecemos de un marco regulatorio ambiental adecuado para solventar los desafíos que ya se nos presentan. La normatividad vigente es un tanto dispersa y carece de la fuerza de implementación en la aplicación de sanciones, además de que existen marcados vacios de orden legal.
Las condiciones de nuestro estado no son ajenas a resentir los efectos del cambio climático ni del deterioro ambiental. Tan sólo en los últimos 38 años, Zacatecas ha registrado un incremento en la temperatura por el orden de los 4.5 grados centígrados, paralelamente a un enfriamiento en la mayoría del territorio. Además, la contaminación de nuestros mantos freáticos y ríos, así como la desertización y deforestación son problema severo que necesita soluciones.
Es impostergable el fortalecimiento y la optimización del marco jurídico ambiental, que se aplica en los tres niveles de gobierno, con el propósito de proyectar las medidas de prevención como elemento esencial en el adecuado tratamiento de los problemas ambientales. Es imprescindible que la en estructura jurídica e institucional, se tipifiquen y contemplen medidas preventivas a las contingencias, ya que las acciones de mitigación en la mayoría de los casos resultan insuficientes, ocasionando resultados desastrosos tanto para los ecosistemas, como para la población.
Es necesario romper con los viejos modelos centralistas deficientemente diseñados y con frecuencia orientados hacia fines distintos al cuidado ambiental, así como articular la política nacional y local en gestión ambiental para la ejecución conjunta de estrategias y planes de desarrollo acordes a los conceptos de uso sustentable.
Desafortunadamente, al igual que prácticamente todos los municipios del país, los de Zacatecas también presentan un atraso considerable en materia de reglamentación, planes y programas medioambientales y, en pleno siglo XXI, las ciudades siguen creciendo sin orden ni la planeación. Tres años no bastan para diseñar y poner en marcha proyectos productivos con tecnologías sustentables; de ahí la importancia de la política transversal y con visión de largo plazo.
Mi propuesta tiene como objetivo la puesta en marcha de una Iniciativa que garantice el desarrollo sustentable, los derechos colectivos de los habitantes y la conservación y manejo sustentable de la biodiversidad en nuestra entidad. A través de una serie de reformas institucionales que se sustenten en un marco jurídico acorde a la realidad global y a nuestras propias condiciones de Zacatecas, potenciaremos políticas públicas ambientales para revertir los graves impactos macro económicos y socio-ambientales generados por años de producir irracionalmente.
Finalmente compañeras y compañeros Diputados, no podemos olvidar que este Congreso fue elegido por el pueblo para que en él todas las voces sean escuchadas y atendidas, para que este recinto sea un espacio genuino del pueblo para deliberar y decidir. Las y los diputados no tenemos más obligación que legislar para hacer de Zacatecas un lugar mejor, un lugar para discutir y definir la forma en que la gente quiere vivir y trabajar.
Tenemos la obligación de abrir espacios desde el poder público para fortalecer los procesos de autonomía ciudadana. Convocar a la unidad, llamar a todos los sectores sociales para la construcción de una nueva sociedad, partiendo de la discusión de los grandes temas y que la voz del pueblo se deje sentir firmemente; y su mandato se respete.
La lucha por el medioambiente no es una mera cuestión de variables ecológicas, implica una dimensión política de gran amplitud; una nueva concepción de la sociedad y de sus modelos organizativos, en donde la ética y la razón constituyan el punto de partida para aspirar a un desarrollo civilizatorio perdurable y equilibrado.
Tenemos que plantear una nueva manera de producir que resulte justa socialmente, factible en términos económicos y sana para el medio ambiente. A final de cuentas, el cambio climático es un problema político-económico y de relaciones sociales de poder.
Desde Zacatecas, podemos luchar por una alternativa al neoliberalismo basada en una escala humana, descentralizada y sustentada en tecnologías innovadoras, que abra el camino hacia una nueva racionalidad ambiental paralela al desarrollo social integral.
Los ciudadanos de bien, estamos convencidos que si retomamos la fuerza social del pueblo mexicano y su gran creatividad podremos reconstruir al país y hacer realidad los derechos de la gente, pero no sobre la base de una estructura socio-económica opresiva y excluyente.
Queremos un país donde no gobierne una élite voraz, ni se erijan poderes ilegítimos que perpetúen la iniquidad y la injusticia.
Un México que deje de ser una enorme zona franca de violencia y en el que no haya lugar para decisiones de poder que privilegien el lucro sobre el bien común. Un entorno donde ya no domine:
La especulación sobre la producción real,
El egoísmo y éxito individual sobre la realización colectiva,
La acumulación de mercancías sobre su redistribución equitativa,
La homogenización y la manipulación de conciencias sobre el espíritu y la diversidad cultural.
En nuestras manos tenemos esta construcción. La vocación solidaria de los mexicanos debe conducirnos a la acción conjunta para desterrar nuestros lastres: no hay mejor garantía para el mantenimiento de un entorno natural sano, que el arraigo de una conciencia social y el compromiso cívico del cuidado de nuestros recursos y los bienes comunes.
Bajo este espíritu, está concebida la nueva propuesta de formulación del marco jurídico ambiental de Zacatecas, porque es la dimensión ética lo que verdaderamente constituye el camino más franco hacia la solución de los problemas que nos ha dejado un desarrollo histórico desigual, socialmente excluyente y voraz con el medio ambiente.
Será la calidad de vida de los habitantes de las zonas actualmente marginadas que tienen elevados índices de pobreza, analfabetismo, desnutrición y violencia, el mejor indicador de si efectivamente alcanzamos un verdadero desarrollo sustentable; y NO los discursos, ni las estadísticas sofisticadamente elaboradas.
¡POR EL BIENESTAR DEL PLANETA!
P U N T O D E A C U E R D O
PRIMERO.- Actualización de la Ley Estatal Ambiental Local, para hacerla acorde a las necesidades actuales.
SEGUNDO.- Hacer un exhorto a todos los diputados de la Sexagésima Legislatura para que se realicen las modificaciones pertinentes a la Constitución Política del Estado de Zacatecas en materia de Ecología Medio Ambiente y Recursos Naturales; su servidor tiene integrada una propuesta que se presentará en el siguiente periodo de Sesiones.
TERCERO.- Consecuente con lo anterior, presentaremos las reformas de otras Leyes Estatales que se requieran, con relación a desplegar una Legislación integral en el tema de Ecología medio Ambiente y Recursos Naturales.
CUARTO.- Propongo la creación de la Secretaria de Ecología, Medio Ambiente y Recursos Naturales de Zacatecas (SEMARNAZ), que sustituya en su integración al Instituto Estatal de Ecología y Medio Ambiente de Zacatecas (IEEMAZ).
QUINTO.- Solicitar a la Ejecutivo del Estado y a los 58 Presidentes Municipales, se habiliten los instrumentos institucionales para accesar a los recursos anunciados en la integración de la bolsa de recursos anunciados en la (COP16).
SEXTO.- Crear la procuraduría o el tribunal del Medio Ambiente como instancia que vincule el derecho ambiental con el derecho penal.
SEPTIMO.- Fortalecimiento e integración del Organismo de Participación Social en la planeación, programación, evaluación y profesionalización del cuidado de la Ecología, Medio Ambiente y Recursos Naturales de Zacatecas.
OCTAVO.- Establecimiento de una red Estatal de coordinación intersecretarial para el manejo ambiental de residuos.
NOVENO.- Integrar con carácter de obligatoriedad en todos los niveles escolares y en sus planes de estudio la asignatura de Ecología, Medio Ambiente y Recursos Naturales de Zacatecas, para incentivar la educación ambiental por una nueva cultura.
ES CUANTO DIPUTADO PRESIDENTE.
DIPUTADO LUIS GERARDO ROMO FONSECA.
NOVIEMBRE 2010
