“Ley SOPA”: riesgo de una regresión democrática global
Publicado en: Columnas
Luis Gerardo Romo Fonseca
El Sol de Zacatecas, viernes 20 de enero de 2012
http://www.oem.com.mx/elsoldezacatecas/notas/n2393306.htm
Sin lugar a dudas, Internet ha sido una herramienta democratizadora que ha fortalecido y ampliado el derecho a la libre expresión. Precisamente, una de las grandes ventajas que trajo el uso masivo del internet radica en que, anteriormente, la libertad de expresión no tenía la proyección de ahora; la difusión de opiniones “políticamente incorrectas” o francos cuestionamientos a diversos gobiernos y regímenes políticos, era muy limitada. Basta recordar en México, bajo el sistema presidencialista priísta, la manera en que los gobernantes manipulaban los flujos de información de acuerdo a su conveniencia y la del sistema político.
Las redes sociales han abierto la puerta a miles de personas para que dejen constancia de sus opiniones ante un público potencialmente ilimitado. En las condiciones actuales, la tradicional censura gubernamental o la imposición del criterio unilateral de los propietarios de los medios de comunicación para la difusión informativa, ha quedado muy acotada; ahora basta con tener una cuenta en las redes sociales para decir lo que se quiera y con la posibilidad de ser leídos en cualquier parte del planeta. Así mismo, el debate público se ha trasladado hacia las redes sociales; se crean grupos, se abren cuentas y perfiles para participar en discusiones de diversa índole, a la vez que los ciudadanos interactúan con personajes públicos en un marco de pluralidad.
Pese a los riesgos que conlleva de utilizarse negativamente para realizar acciones delictivas y criminales, Internet debe ser aprovechada como una poderosa herramienta democratizadora dado su potencial comunicativo. En este sentido, la revuelta árabe del año pasado es una prueba contundente de ello: las redes sociales jugaron un papel importante en la sublevación en el Magreb, en Egipto y después en Túnez, países donde se expulsaron a sus respectivos dictadores, así como Argelia, Yemen y Jordania que también vivieron este impulso democratizador. Por otra parte, el uso de Internet también ofrece posibilidades enormes para expandir prácticas didácticas que fortalezcan los sistemas educativos de las naciones.
Ahora, mediante un nuevo proyecto de ley, Estados Unidos ha puesto de manifiesto su intención de controlar la actividad en la red de otros países y de las empresas extrajeras, imponiendo sus estándares unilaterales, mediante las iniciativas conocidas como “Ley SOPA” (Stop Online Piracy Act) y PIPA (Protect IP Act). De aprobarse este paquete legislativo, facultaría al Departamento de Estado de ese país, para que cada año revise y determine la lista de países que restringen la libertad en Internet. Tal pretensión de Estados Unidos ha desencadenado una ola de protestas en el mundo, debido a la preocupación de que la aprobación de esta ley podría atentar seriamente contra la libertad de expresión y limitar el carácter abierto de Internet, además de obstaculizar las exportaciones de programas informáticos y de hardware a los países que se encuentren en la lista negra de Washington:
“Parece como si algunos miembros del establishment estadounidense estuvieran aplicando la mentalidad de confrontación y esquemas heredados de la Guerra Fría a las tecnologías web. EE. UU., nuevamente trata de asumir el papel de regulador supremo y de árbitro”, de esta forma sintetizó la postura de los congresistas norteamericanos, el portavoz del ministerio ruso, Alexander Lukashévich.
La “Ley SOPA” ha sido promovida por la industria del cine y de la música, bajo el argumento de que ésta, garantizará la protección de los derechos de autor y de propiedad intelectual. Estas industrias, quieren evitar la piratería al obligar a empresas como Google y otros servicios de Internet a que bloqueen los sitios donde se distribuyen películas, grabaciones, documentos y diversos bienes que cuentan con derechos de autor y que son distribuidos por la red. Por su parte, las firmas de Internet sostienen que la legislación promueve la censura, altera la operatividad de Internet y limita su potencial para estimular la innovación. En este sentido, diversas organizaciones de derechos humanos, periodísticas y culturales, han advertido que con el pretexto de combatir la piratería, corremos el riesgo de un retroceso democrático en el mundo. Cabe recordar que regímenes dictatoriales como el de Corea del Norte tienen mecanismos parecidos a la “Ley SOPA”, con el fin de evitar que sus ciudadanos tengan acceso directo al flujo de información que proporciona Internet, coartar su derecho a expresarse libremente y a participar en los asuntos públicos.
A nivel internacional, ya existen antecedentes de medidas restrictivas para regular el uso de Internet, tales como la Ley de Economía Sostenible (Ley Sinde) española, los proyectos de la Ley Lleras (Colombia) y la Ley Döring en México; que también implican una amenaza a la libertad de expresión. Respecto a esta última, que fue presentada por el senador panista Federico Döring el pasado 15 de diciembre ante las comisiones unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos del Senado; pretende regular los contenidos en internet, prohibir la puesta en disposición de obras registradas por terceros; haciendo recaer la culpa en el titular de la dirección IP con la cual se difundió la obra protegida. En caso de que la Ley Döring se apruebe en sus términos originales, todo video que una persona ubicada dentro del territorio mexicano, coloque, transmita o descargue de Youtube y no cuente con el permiso correspondiente, tendría motivo para ser demandada. Lo mismo ocurrirá al compartir libros electrónicos, revistas, películas y todo tipo de material que soporta actualmente la red. En este sentido, esta Iniciativa de Ley es considerada por Wikipedia como una norma similar a la Ley SOPA o la “Ley Antipiratería Online”.
Cabe señalar que todas estas propuestas jurídicas, tienen como telón de fondo el ACTA (anti-counterfeiting trade agreement), que en español se traduce como Acuerdo Comercial Anti-falsificación. Se trata de un Tratado Internacional cuyo fin radica en establecer reglas y estatutos sobre la propiedad intelectual, con el que se busca regular el traspaso de datos en Internet, al crear instituciones internacionales vigilantes de los derechos de autor. Vale la pena recordar que este Tratado fue impulsado por la MPAA y la RIAA; que son las grandes compañías detrás de la música y el cine en Estados Unidos y el mundo. Por nuestra parte, México es el único país de Latinoamérica que está adscrito a la posible regulación que propone este acuerdo, gracias a la anuencia del gobierno federal. Razón por la cual, se entiende la urgencia de presentar la Ley Döring:
“Aunque el ACTA es un tratado internacional que fue rechazado, aquí lo que se está haciendo es brincárselo, pues ese acuerdo buscaba obligar a México a reformar las leyes locales para incluir nuevas medidas como la que ahora propone Döring. Es decir, lo que hace Döring es decir ‘no apruebo el ACTA, pero me brinco el ACTA e introduzco estos conceptos sin necesidad de haber firmado el acuerdo. Entonces para fines prácticos, el efecto que está teniendo esta legislación equivale a que México hubiera aprobado el ACTA”, afirma el especialista en la materia, abogado y académico de la UNAM, León Felipe Sánchez.
