Fortalecimiento municipal: condición democrática y para combatir la pobreza
Publicado en: Columnas
Luis Gerardo Romo Fonseca
El Sol de Zacatecas, viernes 17 de febrero de 2012
http://www.oem.com.mx/elsoldezacatecas/notas/n2432618.htm
La gestión municipal representa un pilar en la resolución de los problemas que tenemos en el país; es decir, que no solamente se requiere un gobierno federal fuerte y de gobiernos estatales fuertes, sino también de autoridades locales sólidas; en particular los municipios, como la autoridad más cercana a la realidad y los problemas cotidianos de los ciudadanos, y donde se encuentra el equilibrio básico en la relación entre el gobierno y la ciudadanía. En consecuencia, los ayuntamientos son el primer eslabón del gobierno con la población y, por lo general, el único al que ésta tiene acceso.
En este sentido, las autoridades locales representan un actor de primer orden para la ejecución de programas de desarrollo nacionales, por lo que es evidente la importancia de fortalecer sus espacios autónomos de acción y puedan ejercer sus atribuciones de una forma más eficaz en beneficio de sus habitantes.
Sin embargo, la inequidad fiscal entre federación, estados y municipios, es una situación que tenemos que resolver, porque hasta ahora, los municipios están inmersos en un equilibrio institucional muy precario y se enfrentan a múltiples necesidades y con recursos limitados; de ahí que por un lado, es indispensable dotarlos de una mayor capacidad presupuestal y, por otro, fortalecer su autonomía.
Debido a su estructura política compleja, requiere de una estructura jurídica moderna y funcional que responda a las crecientes demandas sociales y contribuya al bienestar de los habitantes del municipio. A pesar de la reforma al Artículo 115 Constitucional, el marco jurídico municipal consagrado en nuestra Carta Magna, todavía resulta insuficiente para el pleno desarrollo de este orden de gobierno.
Necesitamos superar las debilidades estructurales e impulsar una nueva estructuración de los gobiernos municipales a través de una reforma política que reconozca a los municipios como un actor protagónico de los cambios requeridos y podamos avanzar en una descentralización efectiva; porque a nivel territorial, se corre el riesgo de acentuar las diferencias y desigualdades entre las diversas regiones del país. Este proceso debe incluir la transferencia de responsabilidades, competencias, toma de decisiones, autonomía de gasto y recursos suficientes; en suma, mejorar la eficiencia técnica, administrativa y financiera de los municipios.
En particular, resulta de vital importancia la planeación, gestión y asignación eficiente de los recursos públicos para los Municipios; sus finanzas son un elemento esencial. A nivel general, todavía nos encontramos ante la situación de que los gobiernos locales continúan dependiendo considerablemente, tanto en materia de ingreso como de gasto, de las asignaciones federales. De entrada, es necesario legislar para que los gobiernos locales tengan plena potestad tributaria al interior de sus cabildos, de acuerdo a sus condiciones y necesidades y, paralelamente, ampliar la apertura programática del Fondo III del Ramo 33.
A final de cuentas, tenemos que construir mecanismos que obliguen a robustecer los ingresos directos de los municipios, para que éstos alcancen a solventar, por lo menos, el 80% de su gasto corriente. Como alternativa, podemos comenzar por aumentar gradualmente el Fondo General de Participaciones que se destina los estados de la República, en dos puntos porcentuales durante cinco años hasta llegar a un 30% de la Recaudación Federal Participable. Cabe recordar que los ayuntamientos realizan un gasto administrativo más eficiente cuando los recursos son generados por ellos mismos.
Justamente, en estos momentos, nuestro estado se encuentra seriamente afectado por la disminución presupuestal de 159 millones de los recursos federales del Fondo III, que este año se asignaron al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. Con el agravante de que, en total, los municipios podrían dejar de ejercer casi 400 millones de pesos por la mezcla de recursos entre los tres órdenes de gobierno. Entre los municipios más afectados por esta situación destacan: Zacatecas, con una reducción de 23 millones de pesos, Fresnillo (17), Calera (7.5), Loreto (10.8) y Nochistlán (8); el caso de Pinos resulta especialmente preocupante, porque sufrirá una reducción de 25 millones de pesos aún cuando se considera un municipio con altos niveles de marginación. Por tal motivo, es preciso compensar esta reducción a través de otros apoyos: con obra pública o mediante programas de empleo temporal etc.. Este problema deriva de una legislación rebasada, en particular en lo que se refiere a la Ley de Coordinación Fiscal, debido a que no es acorde con los criterios actuales para medir la pobreza; lo que afecta severamente a los municipios y sus habitantes.
Por último, como he señalado anteriormente, de poco sirven los principios democráticos constitucionales, estatutos y la legislación, si el ciudadano no participa activamente en búsqueda de su propio desarrollo, en reclamo de sus derechos y en la rendición de cuentas a sus autoridades. Razón por la cual, resulta de vital importancia construir nuevas formas de comunidad, por lo que el municipio debe estar preparado para canalizar los esquemas democráticos de organización ciudadana, fomentar la participación colectiva como eje en la toma de decisiones y que prevalezca como esencia de la vida social.
